Parientes y simpatizantes del exinspector de la Policía científica venezolana Óscar Pérez se reunieron en el Cementerio del Este de Caracas para honrar su memoria con una misa en el lugar en el que fue enterrado este domingo por las autoridades con la presencia de solo dos de sus familiares.
En la misa, el sacerdote dijo que quería honrar "la memoria" del expolicía de 36 años, que murió el pasado lunes en una operación policial junto a seis compañeros de un grupo que se alzó contra el Gobierno.
El religioso reconoció "sus ideales de libertad y justicia", además de recordar la importancia que daba a Dios en los videos que grabó desde la clandestinidad contra el chavismo.
Pérez -cuya madre, esposa e hijos están fuera del país- fue enterrado este domingo por las autoridades con el cementerio cerrado por militares y contra la voluntad de su familia.
Solo su tía y su prima pudieron asistir al sepelio, y según han denunciado sus parientes no se les permitió vestir al muerto ni se les dio ninguna potestad para decidir sobre el funeral.
Ante los ramos de flores y la bandera venezolana que había en el lugar de sepultura -marcado con una piedra con su nombre-, una mujer interpretó el "Ave María" de Schubert, y un hombre soltó al aire una cometa con la palabra "Libertad" escrita en ella.
La familia de Óscar Pérez y las de los demás fallecidos en la operación del pasado lunes llevaban reclamando el cuerpo toda la semana y exigían poder organizarles un funeral según sus preferencias.
Dos de los integrantes del grupo de Pérez -Abraham Agostini y José Díaz Pimentel- fueron enterrados en el mismo cementerio que Pérez.
La única mujer muerta en el operativo, Lisbeth Ramírez, fue enterrada este sábado en su estado Táchira natal, mientras que los hermanos Abraham y Jairo Lugo y el periodista Daniel Soto fueron sepultados en condiciones similares a Pérez en la región del Zulia, de donde eran originarios.
Según las actas de defunción recibidas por los familiares, seis de las siete personas perdieron la vida por un disparo en la cabeza durante la acción policial, en la que las fuerzas del Gobierno -que considera "terroristas" a Pérez y sus hombres- utilizaron armamento de guerra.
Una serie de vídeos difundidos por Pérez en tiempo real minutos antes de su muerte le muestran negociando con los agentes del Gobierno, a quienes pide garantías para evitar daños a los civiles "inocentes" que dice que había en la casa donde les encontraron.
Más de 20 personas -entre ellos varios oficiales del Ejército- han sido detenidos por el caso y familiares de algunas de estas personas han denunciado amenazas y agresiones.
El ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol, aseguró en su última aparición pública sobre el caso que las muertes se produjeron en un "enfrentamiento" entre los alzados y la Policía, e informó de la muerte de dos de sus agentes.
La Iglesia católica venezolana ha calificado de "horrible masacre" lo ocurrido y algunos críticos del Gobierno hablan de "ejecución extrajudicial".
El Parlamento venezolano, en manos de la oposición, ha creado una comisión que investiga lo ocurrido.
